Ciudad de México.- Durante su comparecencia ante diputados, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, afirmó que se enfrenta un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema; una nación en la que 27.4 millones se considera no pobres, uno de cada cinco habitantes.
“Esto quiere decir que casi cien millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza o presentan carencias sociales o de ingreso”, dijo.
Al inicio de su comparecencia en la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, señaló que esta situación no se puede permitir más, por ello el gobierno ha puesto en marcha una nueva política cuyo propósito superior es el bienestar general de la población, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad.
Subrayó que el bienestar implica que las personas tengan buena alimentación, salud, educación, vivienda, entorno familiar y comunitario seguros, servicios básicos de calidad, trabajos decentes, infraestructura, caminos, internet, acceso financiero, lugares de recreación y apertura a la cultura en todas sus expresiones.
El gran reto que se tiene para lograr el bienestar es tarea de todo el gobierno y se tienen estrategias, proyectos y programas encaminados a lograr este objetivo.
Detalló que la nueva política de bienestar se relaciona con procurar la efectividad de los derechos sociales como condición fundamental para el desarrollo de las capacidades de las personas. “Y asumimos que es responsabilidad del Estado, como lo marca la Constitución, y no sólo del mercado, como hasta hace poco se pensaba”.
Aseguró que la política de bienestar plantea la asociación directa con las comunidades, a fin de identificar de manera conjunta sus necesidades más urgentes, así como el potencial productivo de cada una.
Para alcanzar el bienestar de la población se ha atendido primero a los grupos más desfavorecidos.
Detalló que se ha llegado a más de 20 millones de mexicanos con una inversión conjunta de alrededor de 300 mil millones de pesos.
Aseguró que los apoyos son entregados de manera directa, sin intervención o mediación de personas u organizaciones. “Esto, además de reducir los costos de operación, reduce la posibilidad de corrupción. Queremos avanzar hacia la inclusión financiera, las finanzas solidarias y que toda persona tenga la posibilidad de recibir los apoyos a través de medios electrónicos y cuentas bancarias”.
Enfatizó que la política de bienestar es universal y sensible a las diferencias, por eso se da prioridad a los que por décadas han sido marginados y olvidados, ya sean pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres o adultos mayores.
Se ha colocado en el centro de las estrategias el bienestar de los pueblos indígenas. “Queremos empezar a poner fin a la discriminación histórica de la que han sido víctimas mujeres y hombres de nuestros pueblos originarios”, indicó.
Sostuvo que las prácticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos están estrictamente prohibidas, y “nos hemos comprometido a que en caso de encontrar este tipo de prácticas procederemos no sólo de manera administrativa, sino penal”.
